En noviembre del 2017 publiqué un reportaje en cinco partes sobre abusos sexuales y discriminación laboral hacia mujeres en el entorno de la música en este medio. Fue un material duro de reunir, de escribir y de publicar. Escuchar cada uno de los testimonios y realizar un trabajo periodístico en medio del dolor de otras mujeres era difícil.
Luego vino la publicación, que no fue menos complicado. Lo que me llegó en respuesta fueron posturas divididas. Por un lado, muchas mujeres lo agradecieron, no sin sorpresa, porque ellas como lectoras, no estaban acostumbradas a que un medio de comunicación en Chile apostara y defendiera este tipo de publicación, mucho menos uno especializado en música. Por otra parte, otras y otros desacreditaron la información que se estaba entregando, tachándolas de mentirosas, de locas. Tachándome de poco profesional, diciendo que no había ética en mi trabajo periodístico. Varios de los abusadores mencionados en este reportaje me acosaron durante semanas, me amenazaron e incluso uno de ellos, Jimmy Valenzuela, director de la Compañía de Teatro Pandora y director del festival de Teatro de Rancagua (que se realiza en conjunto con la Corporación Cultural de la ciudad) interpuso un recurso de protección por derecho a la honra en mi contra y de este medio.
A propósito, hoy me comuniqué con María Francisca Pizarro, directora artística de la Corporación quien estaba al tanto de la denuncia que se publicó en noviembre. De hecho, esa organización siguió trabajando con él luego de la publicación. Diferentes personas -algunas de la misma ciudad, otros cercanos a ellos- se la hicieron llegar a todos los trabajadores del lugar, incluso lo hicieron desconocidos a través de redes sociales. Le pregunté cuál era la situación laboral de Valenzuela en la institución (hacía talleres a jóvenes menores de edad), solo respondió que él ya no trabajaba ahí y que para más detalles, tenía que hablar con el departamento de comunicaciones antes. Así que bueno, corrijo la información del párrafo anterior. Es ex director del festival de Rancagua.
Volvamos algunos meses atrás, hasta enero. Me presenté a la audiencia para defender mi trabajo y también defender la importancia de este tipo de publicaciones. Defender la responsabilidad que tienen los medios de comunicación. Semanas después, en febrero, apareció el fallo: su recurso de protección en mi contra fue rechazado en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Nicole Henríquez, mi abogada, una de las mujeres más fuertes e inteligentes que he tenido la suerte de conocer, incluyó en el informe que presentamos en respuesta a este recurso, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en 1996, comúnmente conocida como la “Convención de Belém Do Pará”.
Exactamente lo mismo hicieron los ministros en las conclusiones de este fallo: “Los Estados Partes, convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: g.- alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;”.
Y también, la sentencia concluye: “Los hechos que aborda el reportaje, narrados por la protagonista de esa historia, como puede advertirse presentan caracteres de delitos en contexto de violencia intrafamiliar, como es el maltrato habitual o lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, y -por ende- involucran un interés público, sin perjuicio de su justeza y veracidad, motivo por lo cual el enfoque del recurrente es equivocado, ya que su objeción importa obstruir el ejercicio del periodismo y la libertad de información garantizada en el mismo texto constitucional que invoca el recurrente, pero que sin duda desconoce en sus alcances y ámbitos de protección”.
En esta instancia, la justicia chilena reconoció el derecho que tienen los periodistas y medios de comunicación para informar y denunciar hechos de violencia en contra de la mujer. Pero aún, y más importante dados los tiempos que corren, reconoce la responsabilidad que tiene nuestro trabajo. Me emocionó mucho ver que el poder judicial me permitió defender mi trabajo y reafirmó la responsabilidad y derecho que siempre supe que mi profesión tiene.
Pero esta experiencia no terminó ahí. Jimmy Valenzuela y su abogado Mariano Salas Arriagada (un militante DC que firmó carta para que el partido expulsara a Ricardo Rincón por denuncias de violencia intrafamiliar), apelaron aquella sentencia en la Corte Suprema en la segunda semana de febrero. En aquel texto se explicaba que las conductas denunciadas no tenían carácter de delito penal y, por lo tanto, no correspondía a información de interés público. Además, decía que este no era un trabajo periodístico y que las denuncias que dos mujeres interpusieron en contra de esta persona -una de ellas por violación- fueron orquestadas por Daniela González, música cuya denuncia publicamos en POTQ Magazine.
Por otra parte -y muy importante- explica que los hechos descritos no califican como violencia intrafamiliar, porque la víctima no es cónyuge (dice textualmente “solo fue una relación de pololeo”), no tienen hijos en común ni hay consanguinidad. ¿Ven por qué tenemos que pelear por la modificación de la ley e incluir violencia en el pololeo?.
Hoy, 28 de marzo, llegó una respuesta desde la Corte Suprema. La primera sentencia fue confirmada en esta última instancia y, por fin, podemos volver a decir que los medios de comunicación no solo pueden publicar información sobre violencia de género, sino que también es una responsabilidad que -honestamente, para mí sorpresa- el sistema judicial chileno está reconociendo y no una, sino dos veces. En una semana en la que hemos visto cómo se reprime a estudiantes por defender el derecho a la educación y modifican el protocolo de objeción de conciencia de una ley de aborto en tres causales más que insuficiente, esto de verdad es histórico. Es una herramienta para el periodismo.
Quiero agradecerle sin descanso a Nicole Henríquez, por tener la convicción necesaria para llevar esto a cabo. También al Colegio de Periodistas, especialmente a Rocío Alorda, quien no dudó ni por un segundo prestarme el apoyo necesario para seguir en este proceso. También quiero agradecerle a Corporación Humanas por ayudarme, asesorarme y permitirme estar tranquila dentro del nerviosismo que un procedimiento como este conlleva, especialmente a la abogada Mailén Parodi.
También quiero agradecer a Marianela González, otra periodista que también estuvo en un proceso judicial por haber publicado información sobre violencia hacia la mujer y, afortunadamente, la justicia también estuvo a su favor. Nos encontramos en la Corte de Apelaciones y desde ese día, me prestó todo su apoyo y me aconsejó siempre.
Y por último, gracias a todas las mujeres que en primera instancia decidieron contar su historia y con valentía decidieron además que fuera pública. Esto es importante. Es un precedente. Las mujeres podemos denunciar. Debemos denunciar. Y los y las periodistas debemos estar al servicio de esas denuncias.