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Música, IFPI Chile, el artículo 85U y bienes de consumo

Música, IFPI Chile, el artículo 85U y bienes de consumo

Seba Amado C.

Advertencia: cualquier problema de gramática, ortografía o redacción en las citas que vayas a leer de aquí en adelante es una falla de origen.

El 20 de junio del presente año llegó a mi correo un mail de título directo y terrorífico: “$11 mil millones de pesos pierde el Fisco por descargas ilegales de música – Nueva campaña IFPI”. Sí, quizás es más terrorífico por su redacción que por otra cosa, pero en aquel minuto fue su contenido lo que me llamó la atención. “La Asociación de Productores Fonográficos de Chile (IFPI Chile, de aquí en adelante) comienza hoy una nueva campaña en apoyo de la Ley de Propiedad Intelectual. La cruzada (sí, decía “cruzada”) busca disminuir la cantidad de descargas ilícitas de música, educando a los usuarios de internet sobre los programas disponibles de descargas legales en el país y los riesgos en que incurren con sus equipos al utilizar estas plataformas de descarga”, rezaba.

Suena válido, ¿no? Más allá de las opiniones personales, hay puntos en esas líneas que pueden y merecen ser argumentados y discutidos. Pero lo que venía después era mucho, mucho más interesante y decidor:

“A la fecha existen 1 millón 264 mil usuarios P2P en Chile utilizando diferentes plataformas de descarga. Una de las más utilizadas es “Ares”, que tiene 290 mil usuarios únicos a la fecha, con un promedio de 509 archivos compartidos. Si se considera a un precio de $400 cada canción, el perjuicio mensual para la industria es de $ 59 mil millones de pesos y el perjuicio fiscal solo por concepto de IVA de $ 11 mil millones de pesos. Una pérdida importante para el país”.
Lee bien. Todas las veces que sea necesario. Deja que el concepto macere en tu cabeza.

Ni en ese extracto ni en todo el correo (ni en los siguientes comunicados, vale la pena señalar) hay mención alguna al detalle de los “riesgos en que (los usuarios) incurren con sus equipos al utilizar estas plataformas de descarga”. No, y en cierto modo agradezco que sea así. Estas líneas son refrescantemente honestas: no hay mención a la “escena local”, a los “músicos jóvenes”, nada de eso que suele aparecer en discursos similares. No. Esto es sobre dinero. Así de simple.

Música gratuita en Chile existe. Y mucha. Bandas y solistas que han aprendido a usar redes sociales y plataformas como Bandcamp o SoundCloud para darse a conocer. Lo que antes se lograba con MySpace, Blogger o Fotolog hoy lo permiten Facebook, Twitter e Instagram, además de sitios especializados en estilos específicos que han formado comunidades con vida propia donde se comparte el material creado y producido por sus integrantes (Imperio Hip Hop es el primer referente que se me viene a la cabeza). Pero, seamos francos: no es tanta la gente que conoce estas alternativas. Y ciertamente, esta “cruzada” no las considera en absoluto. Por supuesto que no hay análisis de ese “promedio de 509 archivos compartidos” viendo cuáles podrían provenir de estas fuentes.

Ok, saquemos eso de la ecuación. Somos un país con 17 millones de habitantes. Hablemos de ese inmenso porcentaje de la población que sólo ha podido escuchar ciertas bandas (tiempo, medios, las razones sobran) y tantos otros menores de edad que recién están empezando a crear sus gustos. Para la vasta mayoría, es probable que sus referentes sean “masivos” y que internet haya jugado un rol fundamental en conocerlos o profundizar en sus catálogos durante la última década. Y si de esto se trata, tenemos que hablar de los vendedores ambulantes en paseos, universidades, e incluso en las ferias. En todas esas ferias donde señoras de edad, de quién sabe cuántas poblaciones de Chile, pueden encontrar a un precio accesible la discografía de Camilo Sesto (por mencionar uno de mil ejemplos viables) en un disco de mp3 que pueden escuchar en el reproductor de DVD de imitación barata que tienen en casa, porque es lo que la actual economía “chorrea” hasta ese hogar.

El segundo comunicado de esta campaña, enviado el 2 de julio del presente año, dice que “al usar programas P2P para descargar música, (los usuarios) no sólo están faltando a la ética, si no que están cometiendo un DELITO”. La R.A.E. define “delincuente” como quien delinque, lo que a su vez significa “cometer delito”. Voy a poner esto en perspectiva: de acuerdo a esta campaña, la primera mitad de ese ejemplo son delicuentes. La segunda mitad (incluyendo a todas esas señoras), cómplices de un delito. ¿Por qué? Simple: porque, de acuerdo a esta “cruzada”, no tener los medios para acceder legalmente a este material significa que perdiste, y punto. No hay excepciones, y las circunstancias no importan en absoluto. ¿Quieres música? Paga. ¿Eres parte de una familia donde los padres malabarean para llegar a fin de mes y que a sus hijos no les falte nada? Confórmate con lo que suene en la radio.

Pero hay más. Sí, la guinda de la torta. “La modificación de la ley de propiedad intelectual, en el artículo 85U admite hacer un seguimiento a estos actos y permite que el proveedor de servicio de internet (Telefónica, VTR, Claro, Entel y otros), haga llegar una notificación advirtiendo que se ha detectado que desde su computador, y bajo su IP, se están realizando actividades ilícitas”. En el primer comunicado se afirma que ya hay más de 3500 usuarios avisados. El tercero, enviado el 29 de julio del presente año, da constancia de que “alrededor de 4 mil hogares ya han sido notificados con la primera advertencia”.

Sí, es cierto. La idea de recibir estos mensajes puede parecer inocente. Ingenua, incluso. Pero dista mucho de ser así. Es un primer paso; una versión beta de futuros mecanismos de control. Lo sé, lo sé: la frase “mecanismos de control” parece sacada de Orwell, Huxley o de uno de tantos teóricos conspirativos que andan sueltos buscando quién mató a Marilyn. Pero no es coincidencia que semejante campaña se inicie mientras el fantasma del TPP ronda sobre nosotros. Si aquel proyecto llegara a aprobarse, este “ingenuo” control será la base para listas que detallen lo que serán consideradas acciones criminales graves. No soy de juegos de azar, pero algo me dice que las probabilidades de que todos quienes lean esto sean “delincuentes” son bastante amplias.

Llega a ser sorpresivo que las únicas declaraciones sensatas sobre esto, y que recuerdan mencionar a los músicos, vienen en el tercer comunicado de la mano de Gonzalo Ramírez, gerente de marketing de Universal Music Chile. “Es un problema que afecta bastante porque no se les están reconociendo los derechos que los intérpretes, autores y productores tienen sobre sus obras”. Ok, es justo. “La música es parte de la identidad cultural de un país y todos deberíamos defenderla”. Completamente válido. Y no niego que el señor Ramírez crea y defienda todo esto. Pero no es de lo que se trata esta campaña. No realmente.

A diferencia de lo que puede costar la entrada para un concierto (asunto que da para otro texto largo), no estamos hablando de algo que pasa una vez en la vida (o unas cuantas, si eres fan de Mike Patton o Incubus o Kevin Johansen). Estamos hablando de algo que, al menos desde mi ingenuo punto de vista, debería ser parte integral de nuestro día a día. Aquí hay un asunto fundamental de fondo. Uno que se ha discutido muchísimo en el último tiempo: ¿ver la música como cultura (con los elementos de difusión y políticas públicas reales que eso debería conllevar) o como un bien de consumo? Y que no se malentienda: puedes perfectamente optar por la primera opción y cobrar por ello. Pero no puedes rezarle a ambos dioses al mismo tiempo: tienes que escoger uno, y esa elección definirá toda acción y enfoque posterior. ¿Importa más que la gente pueda escuchar o que pague por hacerlo? Porque si consideras ese pequeño e insignificante factor que es el costo de la vida, el bien de consumo para una inmensa cantidad de personas empieza a parecer un lujo, y uno lejano.

Cierro con esta perla de Richard Godoy, gerente de IFPI Chile: “Lo que pretendemos con las notificaciones, es que el usuario deje de utilizar y elimine los programas P2P de sus computadores y por otra parte, dar a conocer a los destinatarios de las mismas la conveniencia de modificar sus pautas de consumo de música, accediendo a la amplia oferta legal hoy existente en el país, con opciones de descarga y servicios de escucha a la carta, como ya lo hace la mayoría de los usuarios chilenos. De acuerdo al segundo comunicado, y no tengo por qué dudar de esta cifra, “actualmente son alrededor de 7,1 millones los chilenos los que tienen conexión a internet”. Es decir, la afirmación del señor Godoy abarcaría el consumo (esta palabra nunca fue mejor usada) musical de más de 3,5 millones de personas.

¿Qué pretendo con este texto? No lo sé, en realidad. Quizás darle perspectiva a un asunto que me tiene boquiabierto desde hace semanas. Más allá de cómo estén escritas ciertas líneas, mi verdadero afán está en exponer algo que está pasando en nuestro país, aquí, ahora. Las ramificaciones legales las verá el Poder Jurídico. Los juicios de valor quedan a gusto del lector. Lo único de lo que estoy seguro es de que esto recién está empezando.

Por cierto, y pese al asombroso detalle en cuanto a cifras sobre usuarios de internet, archivos compartidos y pérdidas monetarias, ningún comunicado detalla “los programas disponibles de descargas legales en el país” y todos cierran diciendo que IFPI Chile es una asociación sin fines de lucro”.

Pd. Mi abuela materna falleció en febrero. Tenía 82 años. El velorio se hizo en su casa, en el límite de San Joaquín con La Pintana, y en un minuto varios de sus hijos y nietos nos encontramos revisando una caja de zapatos repleta de DVDs de música comprados en la feria. Una selección inmensa y ridículamente ecléctica para una señora de su edad. Dentro de todo, me alegro de que no hayan alcanzado a tratarla de delincuente.

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